Las sociedades experimentaron en los últimos cuarenta años una evolución de la infraestructura digital traducida en una mayor presencia en cada aspecto de la vida de las personas, incluyendo, su relación directa con los servicios gubernamentales (sistemas de ventanilla única, Apps especializadas, trámites virtuales, etc.) o la participación en política partidaria (consultas públicas para elegir candidatos- Movimiento 5 Estrellas en Italia – o campañas de recaudación de fondos- Bernie Sanders y su carrera presidencial-).
Este rápido avance trajo consigo la emergencia de un nuevo concepto, “democracia digital”, enfocado en entender los vínculos de las prácticas políticas con los ciudadanos a través de canales digitales, los cuales, permitieron empoderarlos frente a las administraciones públicas para que las agendas de trabajo se adapten más a sus necesidades.
Cabe destacar que este fenómeno puede ser entendido desde dos dimensiones: a) analítica: investiga como el uso de tecnologías digitales puede influir en las condiciones, instituciones y prácticas políticas, y la gobernabilidad democrática; b) normativa: interpreta la democracia como un proceso de formación política abierta y en continua construcción.
Más allá del lente con el que se entienda la democracia digital queda claro que este fenómeno busca la transformación política, promoviendo mejores estándares de eficiencia, eficacia, transparencia, apertura de la gobernanza, sostenibilidad y participación de la sociedad civil. A partir de ello, Council of European Portal-Good Governance, definió doce principios claves para su correcta realización, destacándose entre ellos: elecciones justas, participativas y representativas; imperio de la ley; conducta ética; competencia y capacidad; innovación y apertura al cambio; sostenibilidad y orientación a largo plazo; gestión financiera sólida, etc.
Pasado, Presente y Futuro
Como todo proceso expuesto a los avances de la tecnología y su relación con la sociedad, la democracia digital se encuentra en constante evolución. En este sentido, Sebastian Berg (2021), define tres “constelaciones históricas” con configuraciones tecnológicas y democráticas específicas: a) democracia electrónica: nació con las plataformas de participación en televisión por cable (1980), permitiendo llegar a mayor público y promoviendo nuevos mecanismos de interacción con las autoridades; b) democracia virtual: emergió con la difusión del internet y los servicios de comunicación a principios de la década de 1990; c) democracia en red o 2.0: fruto de una web más participativa y global, con nuevos vehículos para transmitir las voces de los ciudadanos ya sean blogs, podcasts, radios virtuales, canales de YouTube, etc. Esto permite el acceso en casi “tiempo real” a diferentes voces y promueve nuevas formas de imaginar la democracia como herramienta para el cambio político.
Poniendo el énfasis en la virtualidad y el papel de la ciudadanía, cada vez, se observan mayores proyectos de gobierno o democracia abierta tanto de carácter público como privado. En referencia al primer grupo, los Estados batallan con su traspaso de burocracias centradas en el papel a una digitalización de los servicios de atención, apareciendo ministerios, secretarías u organismos de Innovación en la Gestión. Mientras que, dentro del segundo, podemos mencionar algunas iniciativas tales como: Quorum, Change, Acces Estrategas, Open Democracy, entre otras.
Con anterioridad, se mencionaron los principios que deben guiar el correcto desenvolvimiento de la democracia digital, pero para que un gobierno logré acelerar este proceso y evitar trabas propias de la resistencia al cambio sistémico, tienen que considerarse una serie de elementos claves (George Ingram y Meagan Dooley):
Infraestructura digital: red integral para ejecutar plataformas de gobierno digital, y para que las personas, empresas, y demás entidades accedan y utilicen estos servicios.
Alfabetización digital: la ciudadanía y los agentes públicos deben tener conocimiento y habilidades digitales. Toman especial relevancia los procesos de formación educativa en las escuelas, institutos y universidades.
Datos, comunicaciones y servicios digitales: los datos y servicios del gobierno digital deben construirse en una plataforma común, no “servicio por servicio”. No debe representar una traba para los ciudadanos su utilización, sino que tiene que facilitar su acceso y responder a sus necesidades y aportes.
Instituciones, políticas y regulaciones digitales: las instituciones deben modificarse para funcionar junto con las aplicaciones digitales y adaptarse a las nuevas tendencias.
Seguridad y derechos digitales: los sistemas deben ser seguros contra ataque cibernéticos, protegiendo la privacidad y los derechos de cada ciudadano sobre sus datos.
Finalmente, estos elementos representan en su implementación los nuevos desafíos para las administraciones y los ciudadanos, pero estos serán abordados con mayor profundidad en la segunda parte de esta serie de 3 artículos.
