El mundo político actual no puede entenderse sin la influencia directa de la tecnología, no solo redimensionó la forma en que la ciudadanía responde a las políticas públicas sino también el desarrollo de las actividades de los administradores o líderes partidarios, parafraseando: “la política es tecnología y viceversa”, es decir, cada una de las partes se respalda mutuamente en el día a día.

En este esquema de necesidad mutua, el tercer elemento lo constituye la ciudadanía. La posibilidad de que las personas utilicen aplicativos tecnológicos para expresar su voz, ejercer sus derechos, cumplir con sus deberes e identificarse frente al Estado y demás organizaciones; implica que cambiar la política pública y el proceso de toma de decisión de las autoridades, promoviendo una estrategia de “gobierno digital”, caracterizada por su trascendencia en el tiempo ya que supera varios ciclos presupuestarios y administraciones de diferentes signos partidarios.

Por otra parte, la atemporalidad de este proceso y la imposibilidad de que una fuerza política se adueñe de este equipo (política y tecnología) parece ir en contra de la naturaleza tradicional de las campañas o del “ser político”, de hecho, este fenómeno lanza una carrera por el mejor aprovechamiento de las herramientas digitales para diferenciarse de los adversarios, captar la voz ciudadana, construir un nuevo dialogo político, presentar los lineamientos de gestión gubernamental o atacar a los rivales en una elección. Sin embargo, la pelea por la hegemonía digital, no debe tapar los aspectos positivos que representa la existencia de más canales para incentivar la participación, acción clave para la construcción democrática.

La puesta en práctica de estas herramientas enfrenta, también, desafíos de índole económicos o sociales, tales como la brecha digital o diferencia de acceso entre sectores sociales. Junto a ello, se destaca la falencia de infraestructura digital, un problema que muchas veces se atraviesa con los vaivenes presupuestarios de una administración, algo que repercute seriamente en países que se enfrentan en ciclos continuos de crisis o se caracterizan por la incapacidad de gestiones de diferentes colores políticos de seguir una línea general.

Finalmente, más allá de estos estos desafíos, la ciudadanía avanza a un ritmo acelerado en el uso de los elementos tecnológicos para expresar su aprobación o rechazo a una gestión de gobierno, lo cual, obliga a que las autoridades a acompañar rápidamente las tendencias y no quedar alejadas. A continuación se mencionan algunas de éstas y el impacto que tienen en la vida diaria de la gente y en la construcción de política:

Seguridad y Adaptabilidad: las nuevas amenazas a la seguridad obligan a aprovechar lo mejor de la tecnología para atender riesgos provenientes de ciberamenazas. Estos delitos llevaron a la ciudadanía a tener un mayor grado de control de la información que se brinda a terceros y pedir la protección del estado sin que esto implique la violación de sus derechos.

Identidad digital ciudadana: permite probar su identidad a través de canales digitales gubernamentales, fenómeno fundamental para la inclusión y el acceso a los servicios públicos, pero también representa un desafío para dar con aquellos sectores que han quedado marginados o su incorporación al mundo tecnológico ha sido más lenta.

Compromiso ciudadano en la vida política: acerca a los gobernantes con los ciudadanos a través de diferentes canales digitales, por ejemplo, blogs, web, redes sociales, chatbots o realidad aumentada. Aquí yace la posibilidad de “una nueva forma de dialogar con las autoridades y ejercer la democracia.

Ágil por diseño: el gobierno digital contribuye a la creación de un entorno ágil y con capacidad de respuesta, para ello se requieren principios y prácticas que permitan desarrollar sistemas y soluciones que impacten más allá de una administración, y que incentiven la retroalimentación continua.