Este es el primero de una serie de artículos enfocados en comprender la dinámica de los stakeholders en casos reales y la relevancia de tenerlos bien identificados para la toma correcta de decisiones. Para ello, analizaremos la situación del etiquetado nutricional en México como una herramienta clave en el enfrentamiento al sobrepeso y la obesidad a través de detectar los componentes de alimentos procesados.
Mediante la Ley 27-642- Promoción de la Alimentación Saludable- y su Decreto Reglamentario 151/2022, México se incorporó a la ola de países de la región que implementaban el etiquetado frontal, garantizando a las empresas 12 meses para modificar su packaging en las góndolas y fijando sanciones de entre 1 y 10.000.000 de unidades móviles por su incumplimiento. Asimismo, obligaba a las empresas a quitar cualquier referencia a dibujos animados- una estrategia de marketing clave para algunos productos con orientación al consumo de niños y niñas-.
Está medida avanzó pese al rechazo del sector empresarial, quienes esgrimieron los efectos que podría causar en sus negocios, por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA) señaló ,durante el debate previo a la implementación de la norma, que este cambio implicaría costos por USD 270 millones en revertir el branding de las compañías. En paralelo, el Consejo Nacional Agropecuario argumentó que la norma afectaría 42.000 toneladas de producción de alimentos anuales.
Sancionada la Ley en el Congreso, el sector empresario apuntó sus energías al proceso de reglamentación, logrando la incorporación de períodos de prórroga para la implementación de la medida. Cuestión que fue criticada por la Asociación Mexicana de Etiquetado, Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento, quien alertó que las marcas de grandes empresas de alimentos incumplieron con la nueva norma, evadiendo los octágonos en los empaques. Sin embargo, la situación ha mejorado recientemente, donde ya se observa el cumplimiento de la medida, la reducción del 30% en las calorías de alimentos procesados, y la incorporación de nuevos ingredientes para reemplazar a los que aportan mayores cantidades de sodio o glucosa.
Al respecto, el expresidente de CANAINCA, Alejandro Malagón busca involucrar al consumidor en el debate sobre la política actual, indicando que “hay muchos absurdos en este etiquetado frontal de advertencia, que, insisto, no informa, solo te advierte y te deja ahí para que tomes una decisión, pero sin información, sin una sustancia técnica para hacerlo”. Un punto que no parece coincidir en su totalidad con la realidad que perciben los nutricionistas en consultorios, donde ven que en algunos casos el 20% de sus pacientes preguntan sobre los octágonos y sus efectos.
Más allá de estas declaraciones públicas, el debate más fuerte entre los stakeholders se está dando en el campo judicial- la última herramienta para dirimir la mayoría de los conflictos respecto a una política para los stakeholders privados y el gobierno-. Muchas empresas han presentado amparos para que el máximo tribunal mexicano se expida sobre la medida, entre ellas, se destacan Kellogg’s, Frito-Lay y Unilever.
En el caso de Kellogg’s la estrategia judicial es un paso más en su rechazó a perder a dos de sus emblemas: el Tigre Toño/Tony y al Tucán Sam. Recientemente, la empresa invadió la opinión pública con campañas de marketing enfocadas a mantener el protagonismo del Tigre, por ejemplo, se transformó en la cara de una lista de Spotify y protagonizó un comercial junto a un locutor deportivo muy reconocido en el país.
Finalmente, mientras la justicia aún no se expide, el etiquetado nutricional en México es un ejemplo claro de la interacción entre diferentes stakeholders claves para la sociedad, especialmente, en lo referido a cuidar la salud del consumidor, respetar el branding de las empresas y mantener el margen de rentabilidad que el producto tiene en las góndolas de las grandes tiendas.
