Este artículo forma parte de una serie enfocada en comprender la dinámica de los stakeholders en casos reales y la relevancia de tenerlos bien identificados para la toma correcta de decisiones dentro de una organización. Para ello, en está ocasión, analizaremos la reciente decisión de la Unión Europea de aprobar una ley que permite regular la Inteligencia Artificial (IA).
El avance reciente de esta tecnología viene despertando debates entre profesionales, empresas, autoridades y asociaciones de consumidores, poniendo especial énfasis en la necesidad de encontrar un mecanismo que evite los efectos nocivos sobre la humanidad y potenciar aquellos beneficios que atienden a mejorar la calidad de vida.
Desde entonces, el bloque comunitario recibió diferentes reclamos o advertencias que aceleraron el tratamiento de un marco regulatorio, por ejemplo, la Organización Europea de Consumidores (BEUC) instó a que abran una investigación sobre ChatGPT y chatbots, ante el riesgo que corren los usuarios de sufrir daños por una tecnología sin regular. “A pesar de todos los beneficios que la IA puede aportar a nuestra sociedad, actualmente, no estamos suficientemente protegidos contra los daños que puede causarnos”, resaltó la directora General de la asociación, Úrsula Pachl.
Por otra parte, un conjunto de expertos- integrado también por representantes de empresas tecnológicas- reclamaron por normas que permitan el desarrollo de la actividad, pero con los resguardos correspondientes. Entre ellos, se destaca Sam Altman, Ceo de OpenAI, quien se reunió con autoridades de España, Francia y Reino Unido para discutir mecanismos que garanticen a la naciente industria un sistema de licencias controladas.
Con este escenario de fondo, el Parlamento Europeo aprobó (en junio de 2023) con 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones, la primera legislación comunitaria de Inteligencia Artificial que prohíbe la manipulación cognitiva del comportamiento de personas o grupos vulnerables; limita la implementación de sistemas de identificación biométrica y a distancia; y obliga a que la IA se adapte a las legislaciones industriales específicas. Asimismo, indica que deberán registrarse en base de datos de la UE todas las siguientes actividades: i) identificación biométrica y categorización de personas físicas; ii) gestión y explotación de infraestructuras críticas; iii) educación y formación profesional; iv) empleo, gestión de trabajadores y acceso al autoempleo; v) acceso y disfrute de servicios privados esenciales; vi) gestión de la migración, el asilo y el control de fronteras; vii) asistencia en la interpretación jurídica y aplicación de la ley.
Pese a su aprobación, la ley para su implementación requerirá el correspondiente proceso de reglamentación, y se espera que este sea un fenómeno complejo, especialmente, por el reciente reclamo de más de 150 representantes de empresas como Renault, Heineken, Schneider Electric, Airbus, Ubisoft, Siemens, OpenAI, entre otros. Si bien los firmantes reconocen la importancia de tener un marco regulatorio, afirman que en su estado actual, la ley elimina los beneficios que la IA ofrece al mercado comunitario para incorporarse a la vanguardia tecnológica, sobre todo por sus condiciones estrictas que pueden frenar la innovación.
Ante está carta, la reacción de las autoridades Europeas no se hizo esperar. Dragos Tudorache- Eurodiputado y uno de los principales impulsores del proyecto- afirmó que “es una pena que el lobby agresivo de unos pocos esté capturando a otras empresas serias”. Asimismo, resaltó lo establecido en el comunicado del Parlamento sobre la participación de la industria en definir los estándares de gobernanza mediante un régimen ligero.
Mientras que trece asociaciones de protección a los consumidores advirtieron a las autoridades de los respectivos países que conforman la Unión Europea los temores que puede generar la demora en la implementación de esta normativa sobre todo en las protecciones de datos, competencia y seguridad. Considerando que la normativa puede tardar uno o dos años en su puesta en vigor, por ende, se espera que el tema siga en la agenda de autoridades, empresas y consumidores.
Finalmente, un punto a destacar es que si bien está iniciativa representa una innovación como cuerpo sistemático unificado de regulación de la Inteligencia Artificial, muchos países han ido avanzando en normas que atienden a diferentes puntos particulares de está naciente industria. Al respecto, el Reporte del Índice de IA elaborado por la Universidad de Standford, muestra que se han decretado más de 125 normas a nivel global, y 37 de estás se aprobaron tan solo en 2022.
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